VOCES QUE NUNCA FUERON ESCUCHADAS

“En los años posteriores a mi trabajo en Guatemala la imagen que se me quedó grabada al pensar en las penurias de las víctimas era la inquietante cara del famoso cuadro pintado por Munch, El Grito. El dolor es obvio para el espectador, pero no hay sonido. Las víctimas de Ríos Montt fueron mayoritariamente campesinos analfabetos: a pesar de gritar desde lo más hondo de sus pulmones, sus voces nunca fueron escuchadas”, son las palabras de Paul Seils, un hombre que desde 1997 pasó casi 5 años trabajando en Guatemala como director legal de una de las organizaciones no gubernamentales más importantes del país, diseñando y dirigiendo las investigaciones en nombre de las víctimas de masacres cometidas durante la guerra civil guatemalteca.

El principal protagonista de estas masacres fue, entre otros muchos, Ríos Montt, antiguo general y presidente de Guatemala, condenado recientemente por un Tribunal de su país encabezado por la Magistrada Yassmin Barrios, a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra la humanidad. Pero el conflicto en este país empezó mucho antes y terminaría mucho después del breve mandato de Ríos Montt.

La guerra civil de Guatemala acabó con la vida de más de 200.000 personas entre los años 1960 y 1996. Sus orígenes se remontan a un golpe de Estado apoyado por EE.UU en el año 1954 que derrocó al Presidente del momento, Arbenz, un líder moderado y centrista que estaba implementando una reforma agraria que ponía en peligro gran cantidad de latifundios de EE.UU.

Tras Arbenz llegó Carlos Castillo Armas que revirtió muchos de los cambios realizados por su antecesor, llevando a cabo una política que se abanderaba como anticomunista. Fue asesinado en 1957, por lo que el Congreso de la República tuvo que nombrar a presidentes interinos sucesivamente para llenar el vacío de poder dejado. Dicha época se caracterizó por las masacres cometidas por las Fuerzas Armadas de Guatemala, financiadas por el Gobierno de los EEUU.

En respuesta a un Gobierno cada vez más autocrático, un grupo de oficiales militares de menor rango, entre los que estaba Marco Antonio Yon Sosa, se rebeló intentando derrocar al Gobierno en el año 60. Tras fracasar, él y otros muchos huyeron y establecieron lazos estrechos con Cuba. Este grupo se convertiría en el núcleo de las fuerzas armadas de insurgencia que lucharían contra los gobiernos militares durante los 36 años siguientes. Sus cuatro grupos principales de guerrilleros de izquierda realizaron sabotajes económicos y ataques armados contra los miembros de las fuerzas de seguridad estatal. Estas organizaciones se combinarían para formar la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en 1982.

A principios de los años 80 Guatemala atravesaba una situación de guerra interna. En Nicaragua, los sandinistas habían derrocado al dictador Anastasio Somoza. Las guerrillas salvadoreñas demostraban una fortaleza que hacía viable su ascenso al poder. En Guatemala, los rebeldes ejercían dominio sobre amplios territorios, particularmente en el antiplano de población mayoritariamente indígena.

Como contrapartida, las sucesivas dictaduras militares, disfrazadas de democracia por medio de elecciones manipuladas, estaban totalmente agotadas. La corrupción y la brutalidad de represión, hacía que el régimen, totalmente aislado del exterior, se tambaleara. La operación para salvar Guatemala precisaba de un líder carismático, capaz de dar un golpe de timón a la nave del Estado, totalmente a la deriva.

El General Ríos Montt llegó al poder con otro Golpe de Estado a un régimen militar decrépito y corrupto que corría el riesgo de perder la guerra civil en marzo de 1982. Fue el 23 de marzo de 1982 cuando un grupo de oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala, cansados ya de la corrupción imperante en la cúpula militar que detentaba el poder y cuya brutalidad había dejado al país aislado del contexto internacional, depuso al sanguinario general Romeo Lucas García para elevar al poder a un general retirado de 55 años llamado Efraín Ríos Montt.

Sin ser muy conscientes, los jóvenes oficiales que decidieron aupar a Ríos Montt al poder, abrieron un capítulo de la historia de Guatemala que estaría marcado por el horror. Fue jefe del Estado durante 16 meses, pero su protagonismo político en el pequeño país centroamericano ha durado tres largas décadas.

El mandato de Ríos Montt fue breve pero intenso. Un periodo que pasará a la historia como un periodo de represión indiscriminada contra la población civil que servía de sustento a subversión izquierdista. El periódico El País señala que los informes citados por Organizaciones humanitarias estiman que durante el mandato de Ríos Montt, unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus cuerpos sepultados en fosas comunes o dejados a merced de las aves de rapiña. La represión feroz obligó al campesinado a buscar refugio en campamentos mexicanos. Hubo más de 100.000 refugiados.

Ríos Montt fue el general que mandaba a sus tropas a que masacraran a las comunidades mayas, quemaran a personas vivas, despedazaran cuerpos, amputaran miembros, cortaran lenguas y orejas y formaran largas filas de mujeres mayas para violarlas antes de matarlas, degollaran bebés, arrancaran fetos a las mujeres gestantes, entre otros muchos delitos inconcebibles, pero absolutamente documentados, como los tomos del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU.

Otro documento que testimonia la masacre ocurrida en Guatemala es el Informe Remhi (Recuperación de la Memoria Histórica) de la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Un informe que le costó la vida a quien lo dirigió, el obispo Juan Gerardi, asesinado dos días después de ser presentado dicho documento el 24 de abril de 1988. Tanto un documento como el otro ya citado, detallan las indescriptibles aberraciones cometidas contra las comunidades mayas, y superan todo lo conocido en las numerosas dictaduras militares latinoamericanas del siglo XX.

Pero sin duda, nada mejor que los testimonios aportados al juicio para dibujar esta campaña genocida. "Mi padre tenía 82 años en el momento de ser asesinado. Lo encontré tirado en una casa vecina. Su cuerpo estaba cubierto de sangre", contaba Diego Velázquez, quien a preguntas de la juez precisó que el asesinato ocurrió el 20 de julio de 1982, una fecha que nunca podrá borrar de su memoria.
Juan López Mateo, sobreviviente de una matanza en una aldea de Nebaj (departamento de Quiché, al norte del país), perdió a su familia el 2 de septiembre de 1982. Salvó su vida porque había salido muy temprano a trabajar la milpa (sembradío de maíz). "Cuando volvía a la aldea escuché el llanto de un niño pequeño, lo que me alertó de que algo malo estaba pasando", narró, y no se equivocaba. Conforme se acercaba al poblado, "escuché disparos. Eran como las 10 de la mañana", dijo. Logró llegar a su vivienda a eso de las tres de la tarde, cuando los soldados ya se habían marchado. "En mi casa encontré los cadáveres de mi mujer y de mis hijos de cinco y dos años", cotó con la voz entrecortada. Además recordó que uno de sus hijos había sido asfixiado con un lazo y el otro tenía la cabeza destrozada a golpes. Los soldados también quemaron su casa y destruyeron todos los bienes que dentro de ella se encontraban. "Fue el Ejército", expresó sin sombra de duda. 

Yolanda Aguilar Urizar se quedó embarazada después de haber sido violada por 20 soldados, y manoseada por quienes en la cola se masturbaban impacientes, durante los años en los que los reclutas oían de sus sargentos: "Muges, ustedes aquí van a ser máquinas de matar, matar y matar", les gritaban en los campos de entrenamiento. En Guatemala se mató a destajo. Aproximadamente, el 93% de las víctimas lo fueron a manos del Ejército, de los escuadrones de la muerte, o de los campesinos enrolados en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC); el resto fueron liquidados por las feroces represalias de la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). El Ejército diseñó una campaña de represión para controlar la práctica totalidad de la población, y los territorios alcanzados.
En el año 1985, antes de entregar el poder a los civiles, el Ejército destruyó todos los documentos compremetedores, sin embargo, los informes sobre la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) y el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, patrocinado por la ONU, permiten una gran aproximación a lo ocurrido en Guatemala.

En las últimas décadas ha tenido lugar una revolución global de lucha contra la impunidad. Trade, pero con valentía, como señala Paul Seils, una nueva generación de fiscales, liderados por la fiscal Claudia Paz, ha conseguido que las demandas de justicia de las víctimas hayan sido, por fin, escuhadas. En el año 2004, el Gobierno de Guatemala admitió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el régimen de Ríos Montt había practicado una estrategia de genocidio.

La condena en Guatemala de Ríos Montt a 80 años de cárcel por genocidio y crímenes de guerra supone una decisión histórica, y no solo por el hecho de haber sido el primer antiguo Jefe de Estado juzgado por genocidio en su propio país, que también. Sino porque además el Tribunal que ha condenado al anciano dictador guatemalteco considera probado que conocía y NO impidió el asesinato masivo por parte de sus tropas de miembros mayas (de la etnia ixil) durante el escaso año y medio de su mandato. 

Bajo el mandato del general Ríos Montt, a quien la Administración de Reagan cultivó como un aliado fiable en su lucha contra la guerrilla centramericana, el Ejército guatemalteco se libró sin freno a las atrocidades contra comunidades campesinas mayas, sobre todo en la región de El Quiché, a las que consideraba colaboradoras directas de los insurgentes comunistas. Fueron miles las víctimas de esas masacres militares. 

El 11 de mayo nos levantábamos con la noticia de la condena a 80 años de prisión de Ríos Montt, 50 por genocidio y otros 30 años por crímenes de guerra perpetrados por el Ejército en contra del grupo étnico ixil durante el año y poco que duró su mandato. Mayor suerte corrió el ex-jefe de Inteligencia Militar José Rodríguez Sánchez que, a diferencia del anterior, fue absuelto de los mismos delitos al considerar el tribunal que "no tuvo injerencia" en las operaciones militares contra los indígenas.

No ha sido el único en librarse de condena y cárcel. Otros militares que ejercieron el poder durante el conflicto armado guatemalteco, como Carlos Arana Osorio (1970-1978), Kjell Eugenio Laugerud (1974-1978) o Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) han muerto. Sobrevive, sin embargo, Humbreto Mejía Victores, el cuál tras derrocar a Ríos Montt en agosto de 1983 abriría un proceso democratizador en el país, y cuyo enjuiciamiento fue cancelado tras sufrir un ataque cerebral que le dejó incapacitado para declarar.

Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿Es JUSTO que sea Ríos Montt el único individuo que pague la masacre que se vivió en Guatemala? NO, evidentemente NO lo es. Además de que todos sabemos que pocas van a ser las consecuencias prácticas de la condena, que, por si fuera poco, Ríos Montt ha apelado para declararse inocente. ¡Bendita Ingenuidad!, la de este anciano de 86 años. Suficiente me parece que no vaya a cumplir la condena por su elevada edad como para que encima tengamos que soportar que sus abogados apelen el fallo emitido por el Tribunal con el objetivo de anular la sentencia.

Teniendo en cuenta que a efectos prácticos de poco vale esta condena, también hay que resaltar el valor simbólico colosal que supone la misma, sobre todo para un país como Guatemala, donde por primera vez los indígenas, que representan el 40% de la población, han podido hacer oír su voz en los tribunales. Su condena, por genocidio y crímenes contra la humanidad, ha reabierto heridas sin cicatrizar en una sociedad, la guatemalteca, que todavía trata de manejar el legado, el testigo, de una guerra que duró décadas y en la que murieron cientos de miles de personas. La sentencia no solo supone un acto de justicia (más vale tarde que nunca) para todas las familias que durante años la han estado esperando. Sino que el precedente histórico también significa una llamada de atención para otras partes del mundo, donde dirigentes presentes o pretéritos gozan de libertad y privilegios, pese a su probada implicación en hechos semejantes, pero eso se merece otro artículo completo.

Elena Herreros Rivas, periodista